(Por Redacción / Periódico El Sol PR)
FMPR indica crisis de Educación Especial apunta al fracaso de la Reforma Educativa
“El recorte de $123 millones al presupuesto del Programa de Educación Especial, además de mostrar la insensibilidad del Plan de Austeridad Fiscal impuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF), deja al descubierto el fracaso estrepitoso de la Reforma Educativa aprobada por el gobierno de Ricardo Rosselló que prometía incrementar los recursos destinados directamente al servicio a los estudiantes”, señaló Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) al reaccionar a las alegaciones de la directora ejecutiva del organismo federal Natalie Jaresko, que acusó al Departamento de Educación de ser quien tomó la determinación que afectará a unos 100,000 estudiantes del sistema público de enseñanza.
Llamó a la legislatura “a tomar medidas afirmativas que protejan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a nuestros niños, niñas, jóvenes y a nuestros envejecientes, sectores vilmente atacados en el Plan de Austeridad sometido por la Junta ante la jueza Taylor Swain”.
El presupuesto certificado por la JCF para el próximo año es de $1,347 millones. Esto representa un recorte global de $120 millones. “La educación pública es uno de los servicios esenciales pero tanto la Junta como el gobierno han usado el dinero de los niños para pagar la deuda ilegítima a los bonistas. La declaración de propósitos de la Ley 85 de supuesta Reforma Educativa dispone «una estructura más eficiente basada en un sistema descentralizado de educación que destina no menos del setenta por ciento (70%) del presupuesto del Departamento a las gestiones educativas en los salones de clases y a las actividades relacionadas poniendo primero al estudiante.» Esto ha resultado un engaño pues los estudiantes cada día tienen menos recursos para salir adelante”, indicó Martínez Padilla.
La Federación de Maestros exigió “que se restituya el presupuesto completo al Programa de Educación Especial y que se deje fuera de las especulaciones fiscales a la educación pública”.
“La reducción del presupuesto del Programa de Educación Especial impedirá los servicios a los estudiantes. Afectará las terapias y evaluaciones a los estudiantes, la transportación escolar y la contratación de maestros y asistentes. Son cerca de 100,000 niños que verán truncadas sus oportunidades de desarrollo académico. Su futuro no puede estar en manos de quienes los consideran un renglón más del presupuesto al que aplicarle abusivas medidas de austeridad”, añadió la portavoz federada.
Recordó que “con el acuerdo de COFINA pagaremos 5.5% del IVU a estos bonistas buitres por 40 años, dinero que pudo ser usado para pagar servicios esenciales, como educación”.
De otra parte, exigió “que la Cámara y el Senado le hagan frente a la Junta, como públicamente han dicho que harán. Llegó el momento de dejarse de palabras y actuar. Exigimos a nombre del magisterio activo y de todo el sector jubilado que se emita una Resolución Conjunta de los cuerpos legislativos que exprese firmemente que NO legislará nada para minar los derechos adquiridos de los pensionados y activos, garantizando de esta forma cero recortes a las pensiones de ambos sectores. La Ley PROMESA establece que tiene que haber legislación para que el Plan de “Ajuste” se apruebe. Pues que den un paso adelante, a la altura de la historia y garanticen de esta manera una vejez digna para los maestros activos y todo el sector de pensionados”.
“La educación, junto a la salud, la seguridad y el pago de las pensiones a los jubilados, debe estar siempre sobre el pago a los bonistas buitres que buscan convertir la crisis de nuestra gente en la oportunidad para incrementar sus riquezas. Es hora de proteger a los más vulnerables, a nuestras niñas, niños y jóvenes. Exigimos que se le dé paso a la resolución del Senado que asigna los $123 millones al programa de Educación Especial. Que demuestren que primero son los niños, que la deuda. Concluyó.
