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El presidente de CODEPOLA pide una vez más la derogación de la Ley de Armas 404-2000

El presidente de CODEPOLA pide una vez más la derogación de la Ley de Armas 404-2000

Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), opinó que la cumbre de seguridad convocada por el gobernador Ricardo Rosselló sirvió de apertura al diálogo entre el gobierno central y los Alcaldes, pero no atajará el grave problema de seguridad y criminalidad que enfrenta el país. 


El gobernador anunció ayer tarde que aumentará la colaboración entre los oficiales del orden público estatal y policía municipal, a la vez que reforzará las alianzas con las agencias estatales y federales de ley y orden, dejando a un lado la alternativa de activar la Guardia Nacional. También propuso una Alianza Público Privada para una Academia de Seguridad Pública de vanguardia. 


Torres Meléndez enfatizó que “este es el momento para ejecutar planes de trabajos que han sido efectivos en otros estados de la nación americana, no estamos para improvisar, ni escuchar retórica. ¿Qué pudo surgir de esa cumbre? Nada que el gobierno, la Legislatura y la ciudadanía no sepan. El gobierno debe abrirse a nuevos cambios e ideas, por ejemplo, la firma del Proyecto del Senado 1050, el cual es imperativo porque va a generar más ingreso al erario y le hace justicia al ciudadano para que pueda defenderse”. 


“Tenemos un cuerpo de policía desmoralizado debido a los salarios y pobres beneficios, con pésimas condiciones de trabajo por falta de equipos modernos y sofisticados, el plan de retiro de los policías es un desastre, tampoco existe un seguro por incapacidad; y la pugna de poder entre el gobierno central y la Junta de Supervisión Fiscal no les permite operar adecuadamente por los recortes millonarios al presupuesto y las continuas intromisiones”, resumió Torres Meléndez. 


El 2018 cerró con 639 asesinatos, 101 arrestos, 23% de esclarecimientos y 3,583 robos de auto. En lo que va del 2019, se han registrado 18 asesinatos, ningún arrestado, tampoco hay caso esclarecido y se habían notificado 72 robos de autos en lo que va del año. Específicamente, el caso de Gregorio Cruz Pérez, de 30 años, residente en Trujillo Alto que murió en el tiroteo ocurrido en la marginal de Isla Verde, apareció fichado en los archivos del Negociado de la Policía por los delitos de tentativa de contrabando en un penal, extorción y apropiación ilegal. Había salido hace poco tiempo de la cárcel, pero alegadamente tenía 13 casos criminales pendientes. 


El presidente de CODEPOLA advirtió que “no podemos estar pensando que vamos a tener un policía a 5 minutos de nuestra casa, eso no existe, así que tenemos que buscar nuestras propias medidas de seguridad. La calle está mala y es una realidad. Hay poco personal y se espera en el 2019 una baja de 1,500 oficiales que se acogerán al retiro”. 


Aunque en Puerto Rico se aprobó la Doctrina del Castillo gracias al proyecto de la autoría del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que esa ley de avanzada “no es cónsona con la Ley de Armas 404-2000 inconstitucional que tenemos”. Por tal razón, y para que todo sea en un marco constitucional, la firma del PS 1050 por parte del Gobernador bajaría dramáticamente la incidencia criminal, como ha ocurrido en muchos estados de la nación americana. 


“Puerto Rico se ha convertido en una zona de combate y lo más preocupante es que el gobierno no tiene respuesta a la situación y prefirió recurrir a una cumbre, cuando muy bien podrían activar a la Guardia Nacional con una simple Orden Ejecutiva, siendo nuestro Comandante en Jefe, incentivar a los ciudadanos con licencias de armas por medio del programa de Policía Honorífico para que estos tengan sus portaciones de armas, y a su vez sean de recursos administrativos para la Policía”, expresó Torres Meléndez. 


En cuanto a las propuestas de cerrar negocios más temprano o imponer un toque de queda como disuasivo, el presidente de CODEPOLA dijo que esas medidas no resolverán el problema, tomando en cuenta que las últimas balaceras han sido a plena luz del día. Lamentó además que, en algunos pueblos, “los vecinos habían advertido que algo así estaba por ocurrir, pero no fueron tomados en cuenta. En Isla Verde, por ejemplo, escuchar tiros en horas en la noche y la madrugada es común en la zona, por lo que se mantenían presos dentro de sus hogares”. 


Según las estadísticas, de los últimos 20 incidentes en la primera semana del año, ocurrieron dos de madrugada (Jayuya asesinato 1:10am y Santa Isabel asesinato 5:04am), cuatro en la mañana (Río Grande asesinato 7:15am, Isla Verde asesinato 8:44am, Ceiba asesinato 9:45am y Cupey “carjacking” 11:30am), siete en la tarde (Gurabo asesinato 12:15pm, Guaynabo alegado secuestro con rehenes 1:30pm, Cataño suicidio 2:27pm, Dorado asesinato 2:30pm, Ponce asalto con machete 2:30pm, Fajardo asesinato 5:21pm y Puerto Nuevo asesinato 4:56pm) y siete en la noche (San Lorenzo asesinato 7:00pm, Buen Consejo asesinato 9:16pm, San Juan incautan drogas y armas en corrida de “four tracks” 10:00pm, Juana Díaz asalto en peaje 10:22pm, Camuy asalto a colmado 10:50pm, Ponce robo domiciliario 11:00pm y Morovis asesinato 11:15pm) 

Torres Meléndez concluyó que Puerto Rico tiene que derogar la Ley de Armas 404-2000 para hacerle justicia a las personas decentes, ya que el proceso de obtener licencia y portación de armas es uno muy oneroso que sólo beneficia a los que tienen recursos económicos, a la federación de tiro y sus ramificaciones, mientras el resto de la población quedan expuestos frente a los criminales.

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