Inter News Service
Washington, 21 de abril de 2022 – El Tribunal Supremo de EEUU concluyó hoy que marginar a los puertorriqueños de los beneficios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, siglas en inglés) no es inconstitucional. La determinación de los jueces se dio con ocho votos a favor y uno en contra de la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor. De acuerdo con la decisión, el Congreso de EEUU no está obligado a beneficiar con el programa a quienes viven en la isla.
El caso surgió luego de que el puertorriqueño José Luis Vaello Madero, quien se beneficiaba del SSI cuando vivía en Nueva York, perdió la ayuda al trasladarse a Puerto Rico y, además, el Seguro Social reclamó al individuo el pago de más de 28 mil dólares, dinero que recibió al estar en la Isla sin tener derecho a esos fondos.
Sobre la determinación del Supremo de EEUU, el gobernador Pedro R. Pierluisi dijo que “una vez más comprueba que la condición territorial de Puerto Rico es discriminatoria para los ciudadanos americanos en la Isla y le permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros”.
Para el mandatario, “claramente nuestro pueblo, particularmente los más vulnerables, sufren las consecuencias de ese trato desigual bajo la bandera americana. Lo mismo ocurre en otros programas trascendentales, tales como Medicaid, Medicare y asistencia nutricional”.
En declaraciones difundidas por La Fortaleza, el primer ejecutivo del país se quejó: “Basta ya de este estatus colonial que nos discrimina y afecta nuestra calidad de vida. La única y la mejor solución es la estadidad”.
Por su parte, la comisionada residente Jenniffer González Colón emplazó a los congresistas estadounidenses “a que actúen con premura para corregir este discrimen insólito”.
Gonzealez expresó que “siguiendo los casos históricos que permiten el discrimen a los americanos que vivimos en Puerto Rico el Tribunal Supremo federal confirmó que la cláusula territorial permite que el Congreso nos excluya de un programa social tan importante para combatir la pobreza como los es el SSI. Emplazo a mis colegas en el Congreso a que actúen con premura para corregir este discrimen insólito que mantiene a más de 300,000 de nuestros más vulnerables en la pobreza extrema. Ya hay una vía y es convertir mi proyecto H.R.537 en ley”.
González Colón ha impulsado la aplicación del SSI para Puerto Rico por medios legislativos con la presentación de medidas como el HR3226, HR947, HR537, en audiencias de la Cámara y del Senado, ha abogado ante comités, consiguiendo importantes aliados.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, también se expresó al respecto y dijo que “se aborrece el discrimen contra los ciudadanos” puertorriqueños.
“La decisión mayoritaria del Tribunal Supremo de no reconocer la obligación del gobierno federal con la paridad en el SSI para los residentes en Puerto Rico es, en doctrina constitucional estadounidense, equivocada. Concluir que la protección del derecho al debido proceso de ley de la Quinta Enmienda de la Constitución federal no asiste a los residentes de Puerto Rico y que cede ante los términos de autoridad congressional bajo la cláusula territorial es inaudita”, dijo el político.
Igualmente, comentó que “la propia juez (Sonia) Sotomayor, en su correcto disenso, concluye que la decisión es ‘irracional y una antítesis a la naturaleza misma del SSI y la igual protección de los ciudadanos garantizada por la Constitución.’ Yo estoy de acuerdo con ella, aún más es un asunto sobre el que los puertorriqueños aportan de sus ingresos. Esa era la única decisión cónsona con el constitucionalismo estadounidense”.
