Periódico El Sol de Puerto Rico
Por: Danny Hernández
14 de marzo de 2022 – Los que vivimos fuera del área metropolitana (la isla) sabemos las múltiples razones por las que necesitamos ir a San Juan o cualquier ciudad de la zona “Metro”. Allí están las oficinas centrales de todo el gobierno e incluso de las compañías privadas. Hay que ir allá para cualquier gestión que requiera alguna decisión importante, algún permiso o hasta para un simple certificado.
Pero ese viaje significa un gasto que nadie cuantifica cabalmente. Cuesta tiempo de ida y vuelta de al menos 3 horas y puede llegar a 5 horas fácilmente si ocurre cualquier incidente en la calle o hasta más tiempo dependiendo su pueblo de origen. A eso le agregamos los altos costos de combustible que ya ronda el dólar por litro. Además, conlleva también un gasto en comida. Y como si fuera poco, ahora nos empujan un aumento en los peajes.
Hace unas semanas, la Junta de Supervisión Fiscal nos decía como era inescapable un aumento de sobre 8% anual por 3 años a las autopistas del sur de la Isla que nos conectan a la capital. Y luego de esos 3 años, el aumento sería de 1.5% sobre el nivel de inflación en ese momento. La reacción no se ha hecho esperar. Desde los usuarios de las autopistas hasta el propio gobierno han dicho que es demasiado y ofrecen algunas opciones para suavizarlo. ¡Eso suena bien!
Pero trae otras preguntas. La autopista PR-22 que discurre por el litoral norte es administrada por un consorcio privado llamado Metropistas. Y dicho contrato provee para que esa compañía pueda elevar el costo de cada peaje según el aumento en la inflación. No están obligados a hacerlo, sin embargo, lo hacen cada año nuevo sin pestañar. Ese tramo que miles usan a diario cuesta de Hatillo a San Juan ida y vuelta por la autopista casi $10 dólares ya. Incluso, en enero de 2018, luego de a penas 3 meses del paso del huracán María sobre Puerto Rico, nos aumentaron entre 5 y 10 centavos cada plaza de peaje sin pena alguna mientras el país seguía bajo estado de emergencia.
Pero ¿quién protestó? Nadie. Ni los camioneros, ni los transportistas, ni ningún ciudadano. Ah, pero ahora todos nos quejamos. Y es que en esta bendita isla existe un complejo que nos parece que solo podemos quejarnos del gobierno.
El que paga es el que manda, dice un famoso analista político. Pues saben que, si nosotros pagamos, nosotros mandamos, aunque sea un servicio privado o uno del gobierno. ¿La solución? Que nos arreglen las carreteras primero y luego que se atrevan a cobrarnos. Ese es el orden correcto. Porque después de los peajes también vive gente…
