Por Alison K. Rodríguez Feliciano / Periódico El Sol de PR
El pre aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático en el Distrito 23, José “Cheito” Rivera, sometió el viernes 12 de abril, ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes una querella en contra del representante Víctor Torres por éste mantener a un abogado desaforado brindando servicios legales a su oficina.
Rivera denunció que el Representante Torres mantiene hasta el día de hoy, un contrato con la empresa Díaz Vanga Consulting Group, del abogado Héctor Díaz Vanga para recibir asesoría legal a pesar de que este fue suspendido el 14 de diciembre de ejercer la profesión legal y el Tribunal Supremo le impuso: ‘‘el deber de notificar a sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente’’, según se lee en la sentencia del caso.
No obstante, acorde a la querella radicada por Rivera, en el contrato del representante Torres con el grupo de consultoría Díaz Vanga se señala entre los servicios a prestar el ‘‘realizar análisis jurídico y jurisprudencial sobre legislación’’. En un principio el contrato había sido suscrito por la cantidad de $21,000 y luego fue enmendado en dos ocasiones hasta aumentar la cantidad a $47,999.70 precisó el aspirante a la Cámara.
‘‘El representante no está siendo responsable con los fondos de su oficina. Está violando varios cánones de la Cámara de Representantes incluyendo el reglamento de la cámara y los códigos de ética de la cámara’’, indicó Rivera. ‘‘Yo creo que el representante y la Comisión de Ética de la Cámara deben de actuar sobre este señalamiento lo antes posible porque está en juego dinero del pueblo de Puerto Rico’’, añadió.
Rivera confirmó que el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, tenía otro contrato similar con Díaz Vanga: ‘‘El 5 de marzo, el mismo día en que sale todo esto a la luz pública, el contrato 2018-000134 entre el Presidente de la Cámara y el Sr. Díaz Vanga fue enmendado para identificarse como asesoría legislativa y modificar las funciones que desempeñaba la compañía consultora. El segundo deber se enmendó para y cito: realizar análisis para redactar medidas y reglamentos’’.
Reacciona Víctor Torres
Por su parte, el representante Víctor Torres, reaccionó diciendo que no había sido notificado de alguna querella radicada en su contra y que las alegaciones de Rivera en torno a estar recibiendo asesoría legal por parte de Díaz Vanga Consulting Group eran falsas. ‘‘El (Díaz Vanga) tenía un contrato que es de asesor legislativo, una cosa no tiene que ver con otra. En ningún momento fue asesoría legal’’, reafirmó.
Por otro lado, declaró que el abogado Díaz Vanga había renunciado a principios de mes ‘‘porque tenía unos compromisos previos y no tenía el tiempo’’. Por lo que las declaraciones de Rivera sobre la vigencia del contrato no son ciertas.
Díaz Vanga, quien ha tenido contratos con el Municipio de Manatí, ya había sido amonestado por el Tribunal Supremo en el 2011 por violar tres cánones del Código de Ética Profesional. Entre las denuncias en su contra se menciona que el abogado llegó a ignorar llamadas telefónicas de uno de sus clientes representados y además se negó a brindarle documentación relacionada un caso de herencia.
