Periódico El Sol de Puerto Rico / Por Agustín Muñoz
Ponce, PR / 29 de febrero 2024 – Todos los medidores sobre la población en Puerto Rico aseguran que está envejeciendo aceleradamente en comparación con la mayoría de los países del mundo. Uno de los factores es el abandono de gran parte de los puertorriqueños, en edad productiva, hacia Estados Unidos, particularmente.
El portal Worldometer revela que “la población actual de Puerto Rico es de 3,265,911 al martes 27 de febrero de 2024, según la elaboración de los últimos datos de las Naciones Unidas”. Se anticipa que esa población seguirá en descenso hasta llegar a 3,260,314 personas a mediados de año. De acuerdo con ese portal, la edad media en la isla para el 2025 será de 44.6 años y llegará a los 51.5 en el año 2050.
La red SDC-PR, basados en el Censo Federal, publica que alrededor de 842 mil boricuas residentes en la isla fluctúan entre las edades de 60 a 85 años o más y va en ascenso. Apoyados por esa estadística es que algunos sectores de la sociedad puertorriqueña expresan preocupación por la situación que enfrentan los adultos mayores.
La Ley 121 del 2019 “reconoce derechos fundamentales para las personas adultas mayores en los temas de salud, alimentación, familia, trabajo, asistencia social, participación, educación, información, establecimiento de cuidado, reclusión en establecimiento residencial o médico-hospitalario, principios jurídicos y legislación especial. Sin embargo, un amplio segmento de esa población carece de algunos de esos derechos e incluso son víctimas de maltrato y abandono.
La representante Estrella Martínez (PPD) aboga, mediante legislación al respecto, que se mejore el tratamiento que reciben las personas de la llamada tercera edad. Propone designar como servicio esencial el cuido prolongado institucionalizado para adultos y adultos mayores con diversidad funcional física o mental. De convertirse en ley, permitiría “la tramitación de pago por servicios para ciudadanos que cuenten con subvención de programas gubernamentales, exenciones e incentivos gubernamentales, en declaraciones de estado de emergencias por el Gobierno de Puerto Rico”.
Asimismo, la legisladora, nativa de Juana Díaz y residente en Santa Isabel, elabora otra medida para que el Estado subvencione a los familiares que son cuidadores de ancianos. El DF y los centros de cuido de adultos mayores El Departamento de la Familia (DF) tiene contratos con 922 centros de cuido de personas mayores, aunque el número de esos aumenta con otros privados que no tienen acuerdo con esa agencia. Uno de los grandes problemas que han confrontado muchos de esos centros bajo el DF es el atraso en los pagos por sus servicios.
En mayo del 2023, la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico (FICPRO) amenazó con remover hasta 800 mayores si no se cumplía con una parte de los $3.9 millones que se les adeudaba a esa fecha. Aunque no precisó el monto, el presidente de FICPRO, Jonathan Morales, dijo a este medio que la deuda del gobierno con esos grupos ha descendido. “Sí, hay deudas todavía, pero son bien mínimas comparadas con eso”, dijo Morales.
Explicó que cuando se hace el análisis de las deudas se debe ver cada centro por separado ya que inciden muchos factores para el cumplimiento de los pagos por el DF.
Por su parte, Marilyn Martínez, propietaria de San Germán Nursing Home, coincidió en que el retraso en los desembolsos del DF provoca situaciones económicas difíciles para la operación de esos centros. Dijo que el hogar que dirige en San Germán ya no tiene arreglos contractuales con el DF debido a que esa agencia le quedó mal y optó aceptar solo a clientes privados. “Yo no cojo del DF porque ellos siempre están debiendo a los centros y exigiendo como si fuera el FBI”, manifestó Martínez.
En defensa de los hogares bajo el DF, machacó que “si uno no paga la luz, el agua, no tiene los equipos esenciales que son humanamente necesarios” se hace cuesta arriba seguir adelante ante la ausencia de los desembolsos. A eso se agrega, explicó, el pago a los empleados, los servicios médicos y otros profesionales de la salud que contratan, además del encarecimiento del costo de los alimentos.
Dejó claro que los centros como el que administra en la Ciudad de las Lomas son precisos al momento de una familia requerir de sus servicios de protección a una persona mayor. Dijo que es un acuerdo entre las partes y no a través del DF.
Martínez concordó “que ya no hay centros de mil dólares”. Según datos de los centros geriátricos, el costo promedio para la atención de un interno ya alcanza casi $2 mil, mientras el DF paga $1,300. La representante Martínez comentó que el gobierno analiza subir ese subsidio hasta $1,600.
