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San Juan, 14 de febrero de 2022– Puerto Rico está empobrecido y su economía se ha descapitalizado, luego de un exitoso proceso de industrialización que comenzó en la década de 1940.
En los últimos años su población se ha ido reduciendo y envejeciendo demográficamente con una baja drástica en su tasa de natalidad y una fuga migratoria a Estados Unidos de su gente joven y en edad productiva.
El progreso económico de Puerto Rico comenzó con Rexford Tugwell, gobernador nombrado por el presidente Franklin D. Roosevelt, que impulsó la creación de empresas locales, subsidiadas por el Estado.
Las primeras industrias establecidas en Puerto Rico tras los incentivos económicos estaban relacionadas con trabajos de alta intensidad de mano de obra.
Este proceso de industrialización fue seguido por el primer gobernador elegido en las urnas por los puertorriqueños: Luis Muñoz Marín, con su proyecto para el desarrollo económico del país, que denominó “Manos a la Obra”.
En cuestión de pocos años, en esta isla bajo dominio colonial de Estados Unidos se erigieron fábricas de vidrio, cartón, cemento y otros productos, que comenzaron a desplazar la producción agrícola.
Sin embargo, a partir de la Guerra Fría, este enfoque quedó atrás, y el gobierno comenzó una estrategia de “inversión por invitación”.
El nuevo modelo económico consistía en conceder incentivos contributivos a empresas estadounidenses y extranjeras. Se sustituyó ese modelo de desarrollo e industrialización capitaneado por el Estado y la estrategia comenzó a ser de apertura a la inversión de capital privado, principalmente foráneo.
Fue entonces cuando la mayoría de las fábricas públicas puertorriqueñas fueron vendidas y llegaron compañías foráneas en busca de mano de obra barata y exenciones contributivas.
En principio se trató de empresas textiles, más tarde de otras labores un poco más pesadas como procesamiento de comida (agroindustria), hasta después centrar la industrialización en las petroquímicas y terminar enfocado el país en las industrias electrónicas y farmacéuticas.
Sin duda, ese proceso de industrialización creó empleos directos, mano de obra industrial, se desarrolló una clase media y se sacó a mucha gente de la pobreza, pero a costa de desplazar casi absolutamente la agricultura.
También se establecieron objetivos sociales con miras a mejorar la educación, la salud, la vivienda, junto a un programa de desarrollo de la infraestructura de carreteras, puentes, puertos, energía eléctrica, agua potable y de las comunicaciones.
Durante la década entre 1940 y 1950, creció la integración de las mujeres en la fuerza laboral y las familias empezaron a tener dos ingresos económicos de ambos cónyuges.
Por las próximas décadas, los indicadores económicos respaldaron las reformas establecidas por el gobierno. De 1950 a 1980 el PNB per cápita en la isla creció de $342 a $3,479, solo superado por Venezuela (US$3,630), una nación rica en petróleo.
Las desvencijadas casas en madera sin servicios básicos de agua potable, alcantarillados fueron reemplazadas por extensas urbanizaciones de cemento.
Los obreros dejaron el sol abrasador de los cañaverales y el trabajo arduo en las plantaciones de tabaco y café de la montaña por las oficinas y las líneas de ensamblaje; aprendieron a leer, enviaron a los hijos a la universidad y abandonaron los mercados por los centros comerciales.
La pobreza se redujo de un 62.8% en 1970 a un 44.6% en el 2000, de acuerdo con el Centro para la Nueva Economía de Puerto Rico.
Puerto Rico tuvo un crecimiento económico de un 6% anual entre 1948 y 1974, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
De “laboratorio de democracia y mensaje de esperanza” para los países subdesarrollados, como lo describió la revista estadounidense Times en 1958, Puerto Rico empezó a confrontar serios problemas en 1960. Fue cuando comenzó a mover su economía al sector petroquímico, con la idea de elaborar refinados de este producto y exportarlos a Estados Unidos.
Pero el sector cayó ante la crisis internacional del petróleo, que ocurrió en 1973 luego de que la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) decidió elevar los precios del crudo en el contexto de la Guerra de Yom Kipur, lo cual tuvo un impacto adverso en la economía mundial.
La respuesta de Estados Unidos a esta crisis fue aprobar en 1976 nuevas exenciones contributivas, con la Sección 936 del Código de Rentas Internas, dirigidas a atraer más empresas farmacéuticas y de alta tecnología.
La legislación permitía que las compañías estadounidenses en Puerto Rico depositaran sus ganancias en la banca del territorio para luego enviarlas a sus matrices libres de impuestos federales y únicamente abonando localmente un “tall gate tax”.
Sin embargo, el gobierno estadounidense decidió en 1996 retirar los beneficios contributivos y para el año 2006, cuando culminó el período de transición otorgado por el Congreso, la inversión de las compañías foráneas se redujo de manera significativa.
De 1997 a 2012 la isla perdió cerca de 80,000 empleos solo en el sector de la manufactura y Puerto Rico, luego de aquellas empresas locales estatales que había establecido durante sus tiempos de bonanza, no realizó grandes esfuerzos para fomentar la producción local.
Ante la salida de estas empresas, el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA), establecido en 1952 para engañar a la comunidad internacional en las Naciones Unidas, según admitió Washington en 2016, comenzó a tomar prestado para sostener el gasto social, su aparato gubernamental y en muchos otros casos para construir estructuras innecesarias como un modo de desviar fondos públicos.
Y, mientras la economía se contraía, la deuda crecía de forma exponencial hasta aumentar a un 103 por ciento.
El índice de pobreza se incrementó, el desempleo aumentó y se inició una segunda fase —de manera descontrolada para las autoridades locales— de una emigración masiva de boricuas a Estados Unidos, que ya se había visto décadas atrás de forma planificada, con el proceso de industrialización y sustitución de la economía agrícola, durante la primera mitad del siglo 20, como parte del proyecto “Manos a la Obra”.
Con una mayor deuda pública, las acreencias comenzaron a revelarse como un grave problema fiscal, pero algunos políticos locales afirmaban que la deuda podía pagarse, pese a las advertencias de los expertos.
Los periódicos publicaban una y otra vez en portada cómo las casas crediticias de Wall Street degradaban sus bonos de la isla caribeña.
En 2015, Alejandro García Padilla fue el primer gobernador en afirmar que la deuda de Puerto Rico no se podía pagar.
García Padilla aceptó el augurio: “La deuda es impagable… no existe otra opción. Este no es un asunto de política, sino de matemáticas”.
En 2016 se hizo oficial la quiebra, cuando Estados Unidos aprobó la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que impuso una Junta de Supervisión Fiscal para reestructurar su deuda en los tribunales.
Ese organismo, compuesto por siete personas nombradas por el presidente y el Congreso estadounidenses, es el responsable de representar a los boricuas en la corte desde el 2017, cuando comenzó el proceso de reestructuración durante el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, y tiene el poder de aprobar su presupuesto, por encima del gobierno isleño.
La Junta se ha encargado de asegurar el pago a los acreedores de Wall Street, por encima de todo. Entre las políticas que mayor oposición enfrentaron estuvo un recorte de casi la mitad del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la intención de recortar las pensiones públicas.
El llamado Plan de Ajuste de la deuda, ha estado a cargo de la jueza federal Laura Taylor Swain, del Distrito Sur de Nueva York.
El proceso estuvo marcado por intensos encontronazos entre los políticos del territorio, la Junta y los acreedores, quienes de parte y parte se demandaron en múltiples ocasiones ante varios desacuerdos.
