(Miércoles, 15 de abril de 2020, San Juan) – Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que extienda mediante “Orden Ejecutiva” la vigencia de toda licencia de armas otorgada bajo la Ley 404-2000, las cuales no han podido renovar debido a la “declaración de emergencia” por el COVID-19.
Recordó que el período de la vigencia de licencias de armas que se extendió mediante la R. C. del S. 470, vence hoy 15 de abril de 2020 y el Senado de Puerto Rico alargó, mediante Orden Administrativa, el receso en sus operaciones hasta el 1 de mayo para evitar un alza en contagios con el coronavirus, o COVID-19. Las labores se reanudarían el próximo 4 de mayo.
En tanto, la Oficina de Registro de Armas de Puerto Rico adscrita a la Policía de Puerto Rico aún no ha desarrollado algún proceso para que se pueda tramitar vía Internet la solicitud de licencia única establecida bajo la nueva Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019), con el Reglamento ya aprobado en el Departamento de Estado.
“El domingo 29 de marzo advertimos públicamente que debían ir adelantando alguna gestión oficial porque iba a llegar el día 15 de abril y miles quedarían en un limbo, y si tuviesen que utilizar su arma para defenderse estarían desprotegidos legalmente. La gobernadora no se ha expresado, pero entendemos que debe actuar con premura porque estamos hablando del futuro de muchos ciudadanos, incluyendo guardias de seguridad, comerciantes, enfermeras y otros profesionales, que pueden ver sus vidas tronchadas”, argumentó Torres Meléndez.
Insistió en que la situación “no se puede tomar a la ligera. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que tienen licencias de armas vencidas en Puerto Rico? Necesitamos que la gobernadora se exprese con relación a este tema, porque aún cuando terminase el período de aislamiento social, se requiere un tiempo prudente para que todos esos ciudadanos puedan completar los trámites requeridos para renovar sus licencias”.
Por otro lado, Torres Meléndez solicitó nuevamente a la gobernadora Vázquez Garced que considere aprobar una “Orden Ejecutiva” o reglamentación que permita a todo titular bonafide que ostente una licencia de armas, poder portarla mientras dure la “declaración de emergencia” por el COVID-19.
En su misiva a la gobernadora fechada el 26 de marzo de 2020, Torres Meléndez afirmó que la actualización de dichas licencias no presupone peligro mayor alguno para la seguridad pública y si ofrece una seguridad personal, a los familiares y las propiedades de los portadores de estas, tomando en consideración que las credenciales de esos titulares obran en los récords del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
Concluyó que “el problema es que muchos ciudadanos tienen licencia de armas, pero no la portación porque estaban esperando que entrara en vigor la nueva ley para que les saliera más económico. Lo que estoy pidiendo a la gobernadora es que, por la emergencia, como se ha hecho en otros estados de la nación norteamericana, le permita a todo tenedor de licencia que pueda portar el arma porque estas personas ya fueron adiestrados, fueron a un polígono, fueron investigados por la policía, ya compró un arma, ya ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) pasó juicio sobre esa persona en la compra de esa arma y tiene el arma en su casa. No representan un riesgo”.
La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) cuenta con una matrícula de sobre 7,000 socios y se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas. El derecho lo ven como un privilegio y se hizo necesario tener un servicio legal con los abogados especializados en la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019) o cualquier ley prospectiva que se relacione con la tenencia legítima de armas de fuego en el país. Para más información, pueden acceder a la página https://www.facebook.
