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San Juan, PR / 10 de febrero de 2022 – La Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó cargos criminales contra Carlos Nazario Rosado, trabajador social de la Administración de Familias y Niños (Adfan), por maltrato a personas de edad avanzada y violaciones a varias disposiciones del Código Penal y a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
El juez Luis Padilla Galeano, del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Mayagüez, determinó el martes causa para arresto contra Nazario Rosado por todos los delitos imputados por el Ministerio Público y le fijó la fianza de 6,000 dólares.
La investigación establece que el 27 de enero del año pasado, sin autorización, Nazario Rosario vendió en una casa de empeño dos televisores pertenecientes a una persona de edad avanzada, no vidente y discapacitada, que se encontrara bajo la custodia del Departamento de la Familia y ubicado en el Hogar La Bondad de Mayagüez.
El imputado se apropió ilegalmente del dinero producto de esa venta.
Posteriormente, los días 9 y 10 de febrero, Nazario Rosado realizó dos retiros de dinero en varios cajeros automáticos de la zona oeste utilizando la tarjeta de débito (ATH) del adulto mayor sin su autorización.
El imputado se apropió ilegalmente de 760 dólares.
Paralelo a ello, la investigación criminal reveló que durante 1 al 17 de febrero de 2021 Nazario Rosado dispuso fraudulentamente de todos los bienes muebles del sexagenario, los cuales incluían electrodomésticos que se encontraban en su residencia. Todo ello sin el conocimiento y autorización de la persona de edad avanzada, y en perjuicio de sus intereses propietarios.
Por estos hechos, el trabajador social, quien está asignado a la oficina local de Hormigueros, “enfrenta cargos por maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal y apropiación ilegal agravada, fraude, uso y traspaso de tarjetas de banda magnética, apropiación ilegal de identidad y un cargo por infringir el Artículo 4.2 (b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, detalló el fiscal Pedro Hernández Zumaeta, quien estuvo a cargo de la investigación.
El proceso se originó mediante un referido emitido por el Departamento de la Familia tras una investigación preliminar de la agencia sobre alegadas irregularidades en el manejo de las tarjetas de débito ATH de la persona de edad avanzada, así como la venta y disposición fraudulenta de bienes del adulto mayor.
La vista preliminar fue señalada para el 2 de marzo.
Sobre el caso, la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, afirmó que “hacer cumplir la ley y proteger a los adultos mayores es un imperativo de nuestra misión como agencia de bienestar social. Inmediatamente advinimos en conocimiento de las alegaciones contra este empleado se procedió a referir a las autoridades de ley y orden pertinentes, comenzando así el proceso formal de investigación y las acciones cautelares. Los adultos mayores afectados fueron protegidos y sus casos fue reubicados”.
Aseguró, además, que “cualquier empleado, entidad o persona en la cual se delega el cuidado de un adulto mayor vulnerable debe saber que este es un deber ineludible. Violar la integridad y bienestar de ese adulto que tiene a cargo representa un acto reprochable e ilegal que será castigado con todo el peso de la ley”
