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San Juan, PR / 14 de julio de 2021 – El Frente Amplio de Camioneros, la Asociación de Camioneros de Remolque, capítulos de camioneros de volteo, la Asociaciones de Grueros, el capítulo de taxistas y otros sectores de la transportación de la Isla se declararán en asamblea permanente a partir del 21 de julio, a menos que la JSF desista de derogar las tarifas y obligar al gobierno a desregular el mercado de transporte público.
Según los transportistas, durante los últimos 15 años, las organizaciones de transportistas del país, concesionarios del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (antes Comisión de Servicio Público) “hemos enfrentado el abuso y los atropellos de los grandes empresarios del patio y extranjeros que sin ningún pudor han establecido un sistema tarifario paralelo en abierta violación al establecido por la ley mediante contratos leoninos para establecer el control de los precios de todos los productos y mercancía que fluyen en nuestra economía, afectando al pueblo consumidor y a miles de transportistas que cumplen con el estado de derecho vigente.”
En declaraciones escritas, las agrupaciones advirtieron que estos empresarios “son los mismos que con su poder económico desafían y chantajean a la administración gubernamental y presionan indebidamente a nuestro sistema de justicia, con miras a establecer su método de vida como mercaderes sin escrúpulos que le faltan el respeto a la ley, la verdad, la justicia y a la democracia puertorriqueña”.
“Este atropello a nuestra gente, a nuestro pueblo, no lo vamos a permitir. Lo vamos a combatir hasta que respeten a los camioneros, grueros, taxistas y demás concesionarios del NTSP y sobre todo al pueblo humilde de nuestra patria y pueblo. Somos gente, somos pueblo y parte esencial de la economía y nuestra sociedad puertorriqueña”, sostuvieron.
El Frente Amplio de Camioneros insistió en que el sistema tarifario establecido por ley “es intocable, incluyendo las tarifas temporáneas aprobadas el pasado mes de diciembre de 2020”.
Además, afirmó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “no tiene jurisdicción sobre los concesionarios del NTSP y muchos menos sobre el sistema de tarifas aprobadas por ley. Los camioneros, grueros, taxistas y demás concesionarios no son empleados públicos, su equipo de trabajo para realizar sus funciones no son propiedad del Estado, sus ingresos son tributables como contratistas independientes y la legislación vigente para el NTSP excluye del presupuesto a los concesionarios. No están incluidos en la política pública del gobierno como agencia pública y no forman parte de la reglamentación y legislación que cubren a los empleados gubernamentales”.
La organización consideró que la Junta “de una vez y para siempre debe entender que la realidad puertorriqueña es totalmente diferente al sistema de vida legal de la sociedad estadounidense en el campo de la transportación, sobre todo la de los camioneros. Por tanto, la JSF debe desistir de anular el reglamento de tarifas del NTSP y aprobarlo inmediatamente, para que se ponga en vigor la tarifa aprobada por el NTSP”.
Luego de decretar un estado de emergencia, obtener la aprobación de un voto para una asamblea permanente, las asociaciones y uniones del sector de la transportación pública mediante paga, pondrán en vigor el voto de asamblea permanente comenzando el 21 de julio, a menos que la JSF desista de derogar las tarifas y obligar al gobierno a desregular el mercado de transporte público.
“Al gobernador como representante del pueblo en la JSF le exigimos que sostenga la legalidad del gobierno constitucional de Puerto Rico en defensa de la Ley y el NTSP. Al NTSP le exigimos que ponga en vigor las tarifas debidamente aprobadas y que procese inmediatamente a MIDA y otras organizaciones empresariales para que dejen de violar la ley y paguen las tarifas legalmente aprobadas”, señalaron.
