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San Juan, 24 de junio de 2024 – El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, anunció que ese cuerpo legislativo se autoconvocará para comisionar una Auditoría Forense de las Alianzas Público-Privadas (APP), incluida la de LUMA Energy.
Hernández Montañez dijo que el jueves 15 de agosto de 2024 realizarán una audiencia pública con el fin de investigar a fondo la situación financiera de las APP. “Más allá del cumplimiento contractual, lo que vamos a hacer es una Auditoría Financiera-Forense que certifique que los números que brindó el contratando son los correctos, incluyendo la base de sus datos financieros”, expresó.
“Que no le quepa la menor duda a estas corporaciones de que investigaremos a fondo, y si en el proceso descubrimos que están usando dinero federal no reembolsable para su operación, para luego reclamar sus déficits al Gobierno o hicieron algún movimiento ilegal, tendrán que devolver hasta el último centavo de su propio pecunio”, advirtió.
El presidente cameral indicó que, para esta investigación a las APP, contratarán personal externo con el peritaje para realizar las auditorías que se centrarán, sin limitarse, en los asuntos financieros y operacionales en el manejo y administración de los contratos de todas las alianzas público-privadas suscritos por el Gobierno.
“Vamos a identificar el origen y el impacto causado por todo acto delictivo o negligencia. Finalmente, los puertorriqueños, los que pagamos por sus servicios, podremos identificar a los responsables que se esconden detrás de la burocracia gubernamental o corporativa para que se tomen todas acciones legales aplicables y se acabe la impunidad”, advirtió Hernández Montañez.
Enfatizó que desde la primera privatización, que fue la del Aeropuerto Internacional de Isla Verde, en Carolina, ni la Autoridad de Puertos, ni las APP han realizado alguna auditoría financiera forense, al igual que ha ocurrido con otras como el COR3 y LUMA Energy.
“Esto denota una seria ineficiencia por parte del Gobierno para fiscalizar correctamente el uso de los fondos federales asignados, y pudiera implicar que estas corporaciones tengan que devolver los fondos o que estas asignaciones sean descontinuadas”, insistió Hernández Montañez.INS
