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San Juan / 18 de enero de 2023 – Un agente federal especial de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fue imputado de hacer una falsa declaración y de recibir y aceptar soborno. El agente Javier Delgado Padín fue acusado formalmente el viernes 13 de enero del año en curso por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico.
Según documentos judiciales, en marzo del 2020, Delgado-Padín, un agente federal con unos 19 años de servicio, aceptó dinero por su asistencia con el estatus migratorio de una persona a la que identifica como “F.A.”, nacional de República Dominicana residente en los Estados Unidos.
El segundo cargo de la acusación formal alega que, en septiembre de 2018, el demandado hizo deliberada y conscientemente una declaración materialmente falsa, ficticia y fraudulenta en una solicitud de préstamo presentada al Plan de Ahorro para la Jubilación de Empleados Federales —conocido como TSP— al declarar que no estaba casado en una solicitud de préstamo por aproximadamente $49,140, cuando sabía que estaba legalmente casado en ese momento, lo que requería el consentimiento de su cónyuge para recibir un préstamo de su cuenta TSP.
“Investigar y enjuiciar a los funcionarios gubernamentales que abusan de sus puestos de confianza para recibir obsequios y gratificaciones ilegales o que cometen fraudes seguirá siendo una de las principales prioridades del Departamento de Justicia y de esta oficina”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
“La Oficina del Inspector General del DHS continuará trabajando con la Oficina del Fiscal Federal y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para identificar e investigar agresivamente las denuncias de corrupción para proteger nuestras fronteras y la integridad del personal, los programas y las operaciones del DHS”, dijo Joseph V. Cuffari, Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.
Delgado-Padín hizo su comparecencia inicial ante la corte el pasado martes, 17 de enero, ante la magistrada de los EE. UU. Giselle López-Soler del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El Departamento de Seguridad Nacional – Oficina del Inspector General está investigando el caso y el FBI, la Oficina de Campo de San Juan, la Unidad de Corrupción Pública colaboró durante el arresto.
La fiscal federal adjunta Marie Christine Amy está procesando el caso.
