Por Alison K. Rodríguez Feliciano / Periódico El Sol de PR
Ya van 10 días desde que se dio a conocer las 889 páginas del controversial chat de Telegram en el que el Gobernador, Ricardo Roselló Nevares junto a un grupo cercano de colaboradores desencadenaron una serie de expresiones que han sacudido a la mayor parte de los sectores del País. Ante el posible enfrentamiento a un juicio político, el licenciado y profesor Ramón Torres identificó las posibles causas que pueden llevar al Gobernador al residenciamiento.
Torres explicó que, desde el punto de vista legal, lo más que le llama la atención es la posible conspiración que se evidencia en el chat para cometer algún delito.
‘‘Para darte unos ejemplos, el hecho de que estuvieran hablando (o) conspirando para hacer daño o entorpecer el trabajo de Arnaldo Claudio, el Monitor de la Policía en el pleito de la Policía, no tengo duda de que es un delito federal’’, argumentó Torres. En referencia a este ejemplo, el Colegio de Abogados detalló la semana pasada, que el Primer Ejecutivo pudo haber violado el artículo 246 del Código Penal por impedir el cumplimiento de obligaciones. También el artículo 284 por conspiración y amenazas contra funcionarios del sistema de justicia.
Otro delito identificado por el también Profesor de la Universidad Interamericana, son las expresiones violentas en contra de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, particularmente cuando el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF), Christian Sobrino Vega, utiliza la expresión ‘‘salivando por caerle a tiros’’. ‘‘Yo no tengo duda de que eso conlleva una conspiración para hacerle daño a una persona’’, dijo Torres.
‘‘Pero lo que más me preocupa, lo que yo entiendo que si hay delito, es el hecho de que se conspiró para salir del País con fondos públicos en un supuesto viaje oficial (de) el Gobernador y (ex)secretario de estado (Luis Rivera Marín) para obligar (a) que la secretaria de justicia (Wanda Vásquez) se quedase como gobernadora interina y así darle por la cabeza o sea fastidiar al presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz)’’, mencionó.
A preguntas de este medio, el también exsecretario auxiliar del Departamento de Corrección y Rehabilitación aseguró que en las 889 páginas se desprende material para investigación tanto para el Departamento de Justicia como del Negociado de Investigaciones Federales (FBI).
Un juicio político no es una sentencia criminal
Torres aclaró que el residenciamiento es un mecanismo constitucional que se utiliza solamente para el gobernador, los jueces del tribunal supremo, los senadores y los representantes y para que esto ocurra no tiene que necesariamente haberse cometido un delito grave porque no se va a emitir una sentencia criminal. ‘‘Es una palabra bonita para decir (que) vamos a sacar al gobernador de su oficina, de la fortaleza, del cargo de gobernador. Es una previsión que tuvieron los padres constituyentes’’, comentó.
Según se explica en la Constitución, le corresponde a la Cámara de Representantes iniciar el proceso de residenciamiento con la radicación oficial de cargos contra el Gobernador que debe ser aprobada por dos terceras partes de ese cuerpo legislativo.
Actualmente la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) cuenta con 34 legisladores que representan las dos terceras partes de los miembros de la Cámara, de los cuales fuentes han confirmado que dos han mostrado resistencia para votar a favor. No obstante, la delegación del Partido Popular Democrático cuenta con 14 votos y según explicó Torres, la minoría puede también ejercer votos.
Luego de que la Cámara vota a favor y emite el pliego acusatorio ‘‘el Senado convoca a la Juez Presidenta del Tribunal Supremo y ella dirige el proceso. Ella no vota, ella no decide nada, ella solamente dirige. Y todos los senadores votan a favor o en contra. Entonces, tres cuartas partes de los senadores tienen que estar a favor de residenciarlo para que él salga del puesto’’, detalló el licenciado.
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘‘Johnny’’ Méndez reiteró hoy que se encuentra en espera del informe Comité Especial Asesor al Presidente sobre el Proceso de Residenciamiento del Gobernador para evaluar el proceso a seguir.
“Como saben, el pasado viernes convoque un Comité Especial Asesor al Presidente sobre el Proceso de Residenciamiento del Gobernador ante las revelaciones de la existencia de un chat de Telegram donde el Primer Ejecutivo participó activamente. Tal y como indique, espero por el informe del Comité para evaluar el proceso a seguir. Las expresiones del Gobernador ayer en torno a su dimisión de la presidencia del PNP, así como a desistir de sus aspiraciones personales para la reelección, en nada interfiere con el proceso que se inició”, comunicó Méndez en sus declaraciones escritas.
‘‘Yo hubiese empezado el proceso inmediatamente’’, dijo el licenciado Torres en referencia al término de 10 días que le brindó Méndez al Comité de Juristas para entregar el informe.
‘‘Si es para poder echar hacia adelante la maquinaria y comenzar el proceso pues está bien. Pero si es para encubrir y para que la situación baje de tono, pues yo creo que está mal. Así que todo va a depender de cuando ese informe surja, que se va a hacer con el informe’’, puntualizó.
