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Senado reclama al Congreso resolver el estatus de Puerto Rico y garantizar igualdad en ayudas federales

Senado reclama al Congreso resolver el estatus de Puerto Rico y garantizar igualdad en ayudas federales

La resolución presentada por Thomas Rivera Schatz solicita acción sobre el futuro político de la Isla y el acceso equitativo a programas como Medicaid, SNAP y Seguro Social Suplementario.

San Juan, PR (18 de noviembre de 2026) – El Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución Concurrente del Senado 25, presentada por su presidente, Thomas Rivera Schatz, para solicitar al Congreso de Estados Unidos que atienda con prioridad una solución definitiva al estatus político de Puerto Rico.

La medida, presentada a petición del presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, reclama que el Congreso asuma su responsabilidad sobre el futuro político de la Isla, tomando en consideración la voluntad expresada por los puertorriqueños mediante procesos democráticos.

Además del tema del estatus, la resolución solicita igualdad de trato para los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico en programas federales como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y los programas del Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

Rivera Schatz defendió la iniciativa y reiteró su respaldo a las gestiones dirigidas a lograr la estadidad para Puerto Rico.

“Al principio de este cuatrienio presenté una resolución que fue aprobada. Luego, la gobernadora presentó otra iniciativa junto al liderato del Partido Republicano y nadie cuestionó que no hubiera representación demócrata. Ahora el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico nos hace una petición y, por supuesto, cualquier gestión que podamos realizar a favor de la estadidad contará con mi apoyo. Habrá unas más efectivas que otras, pero toda gestión encaminada a adelantar esa causa tiene mi respaldo”, sentenció el líder senatorial.

La resolución también reafirma el compromiso de la Asamblea Legislativa de colaborar con el Congreso para alcanzar una solución permanente a la condición política de Puerto Rico.

La aprobación representa un nuevo llamado legislativo al Congreso, aunque no modifica por sí misma el estatus político de la Isla ni las condiciones actuales de acceso a los programas federales.

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