Kilómetro 0 propone cambios en mecanismos de querellas y supervisión
Inter News Service / Especial para El Sol de Puerto Rico
Por Nelson del Castillo
Ponce / 15 de febrero de 2024 – Como si no fuera suficiente la tragedia que marca a la sociedad puertorriqueña desde el mismo seno de la familia, una investigación de la organización Kilómetro 0 acaba de arrojar que hay 4.4 feminicidios en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, con relación al resto del país.
El informe, Feminicidas en la Policía: masculinidad tóxica e impunidad, corresponde al sexto sobre el cuerpo armado divulgado por K-0, contiene análisis breves de política pública en los que se discuten temas puntuales sobre violencia policial y seguridad pública, con perspectivas salubristas.
A la vez, compara estadísticamente la cantidad documentada de cinco policías que cometieron feminicidios íntimos en los últimos seis años (2018-2023), con la cifra de hombres feminicidas que no son policías para determinar, proporcionalmente, dónde hay más feminicidas: dentro o fuera del Negociado de la Policía.
La directora ejecutiva de la entidad, Mari Mari Narváez, aclaró que, por no estar activo, en el estudio no se incluyó el caso del exsargento Diego Figueroa Torres, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO).
Figueroa Torres, de 69 años, asesinó el 22 de octubre de 2022 a Iraida Hornedo Camacho, de 57 años, dentro de un vehículo, donde también dispuso de su vida en Villa Nevárez, frente a la antiguo cárcel estatal en Río Piedras.
“Los policías que agreden a sus parejas son más peligrosos que otros hombres que no tienen adiestramiento policial, y esta investigación demuestra que, al menos en el periodo de 2018 a 2023, también han sido más frecuentes los feminicidas dentro de la Policía, proporcionalmente, que los agresores que no son policías”, señaló Luis A. Avilés, director de investigaciones de K-0.
Ante tal situación, se propone establecer un cuerpo de supervisión civil independiente que pueda fiscalizar a la Policía, para garantizar su efectividad como cuerpo civil: se le tiene que proveer del debido acceso a recursos, a información y tener poder de citación e investigación para evaluar toda querella contra algún miembro de la Policía.
Sugiere eliminar la práctica de que la Policía de Puerto Rico se investigue a sí misma, pues “mientras no reconozca que tiene un serio problema de violencia de género entre sus oficiales, no se puede esperar cambio institucional alguno”.
En esa dirección se debe cesar la práctica de que las querellas de violencia de género contra policías tengan que presentarse en el Negociado de la Policía, debido a que esta práctica crea el efecto de disuadir a las personas de levantar la bandera en contra de policías agresores y de encubrir la violencia que cometen los propios oficiales.
Mari Narváez apuntó, en tanto, que “los policías tienen conocimiento sobre cómo vigilar y rastrear sin ser descubiertos, tienen acceso a armas legales, a inteligencia, a datos, cuentan con protecciones formales e informales dentro del sistema legal criminal al que pertenecen, tienen mucho más poder que cualquier hombre promedio y hasta conocen la ubicación de los refugios para víctimas de violencia doméstica”.
La investigación de K-0 establece que esta estadística parte de que el problema de violencia de género que existe en el Negociado de la Policía de Puerto Rico —ampliamente documentado y constatado—, se sigue ignorando dentro de la institución y el Estado, y se continúa delegando a la misma agencia la tarea de resolverlo.
“Hay un elemento de la cultura policial que no debe pasar desapercibido: el poder policial es un proyecto patriarcal y esencialmente de masculinidad tóxica pues representa la legitimación del uso de la fuerza y, como consecuencia, promueve las actitudes y conductas que desencadenan la violencia de género”, según el informe.
Las soluciones usualmente se traducen en más adiestramientos y reglamentos, acciones que tras casi diez años de establecida la Reforma Policial, han sido inefectivas para combatir los patrones de violencia policial dentro de la institución y demuestran otro ámbito el fracaso de la Reforma.
La investigación cita la experiencia similar en Estados Unidos, en donde las reformas no han sido efectivas para reducir la violencia policial ni la violencia de género perpetrada por sus oficiales.
“En el caso de los feminicidios cometidos por policías en los últimos seis años en Puerto Rico, la mayoría de los feminicidas tenían casi 30 años de servicio en la Policía, por lo que el entrenamiento policial no evitó que estos policías asesinaran a sus parejas o exparejas”, argumentó Mari Narváez.
Ante esta realidad, “abogamos por la reducción de roles y de recursos asignados a la Policía, tanto en asuntos relacionados a la violencia de género, así como en muchos otros asuntos”.
“Una agencia como la Policía, con sus múltiples señalamientos, sin mecanismos independientes de rendición de cuentas y que incumple con sus protocolos mínimos de sensibilidad y protección para las víctimas, termina siendo cómplice de sus agresores, minimizando las experiencias de múltiples víctimas, pasando las violencias por alto y desprotegiendo a las mujeres”, recalcó Kilómetro 0, que propone adoptar políticas con perspectiva de género en todas las agencias del Estado.
La organización opina que mientras se continúe ignorando el asunto de la violencia de género en el país, el problema se filtrará en las diversas agencias, incluida la Policía de Puerto Rico. INS
