Por Nelson del Castillo/ Inter News Service
Especial para Periódico El Sol de Puerto Rico
San Juan / 21 dic (INS). – Una iniciativa que anticipa el fin de la Ley Promesa, que hace siete años impuso a Puerto Rico una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), es impulsada hoy por unas catorce organizaciones sindicales que han entendido la necesidad de hacer acto de presencia en Washington para terminar con lo que consideran un lastre para el país.
“La Junta está actuando por la libre, sin rendir informe, y sin importar quiénes la integran, la Ley Promesa marca las reglas de juego”, afirmó Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), en entrevista con Inter News Service (INS) para el periódico El Sol de Puerto Rico.
Ante esta realidad, los dirigentes sindicales ya pusieron un pie en la capital estadounidense, donde entraron en contacto con importantes congresistas, como Jesús Chuy García, Nydia Velázquez, Richie Torres y Alexandria Ocasio Cortez, preocupados por la situación que atraviesa esta isla desde hace siete años, periodo durante el cual la JSF ha gastado 1,500 millones de dólares del pueblo puertorriqueño en asesoría y consultoría., sin ningún resultado aparente.
Nieves Torres admite que esta visita a Washington ha servido a los sindicalistas boricuas para atender cómo operan en el Congreso, por lo que en enero próximo volverán con una agenda más estructurada a partir del intercambio que han tenido con el licenciado Rolando Emmanuelli, el economista Ricardo Fuentes Ramírez y la activista Eva Prados, propulsora de los derechos de los pensionados y de una auditoría a la deuda pública de 75 mil millones que provocó la bancarrota pública de esta isla.
La Legislación PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico), apunta Nieves Torres, ha aumentado la pobreza y la emigración, por lo que han emplazado al Congreso y al presidente Joe Biden a ponerle fin a la JSF y derogar la legislación Promesa, ya que su continuidad incrementará la pobreza y la emigración.
En tal sentido, las organizaciones de los trabajadores puertorriqueños destacan que, según la oficina del Censo de Estados Unidos, la pobreza aumentó de 2021 a 2022 de 40.5 a 41.7 por ciento en la población general; de 54.9 a 57.6 por ciento en los menores de 18 años, y en las familias de 36.7 a 38.8 por ciento, mientras que la emigración permanente ya alcanza aproximadamente 200 mil puertorriqueños en los últimos siete años.
“El desarrollo económico y social que necesita Puerto Rico con urgencia requiere de un nuevo gobierno que tenga la autonomía para enfrentar la deuda e impulsar un desarrollo económico sostenible. La Junta no ha cumplido con proteger los servicios esenciales del pueblo, ni con impulsar un verdadero plan de desarrollo económico”, según los sindicatos.
Nieves Torres expresó a la Agencia INS que, a pesar de los millones destinados a la reconstrucción de Puerto Rico, “lo cierto es que no se ve un cambio, como tampoco hay una política económica destinada al desarrollo del país”.
“Ante la dictadura colonial de la junta de control fiscal, hoy nos unimos trabajadores y el pueblo, a una sola voz, para reclamar ante el Congreso de Estados Unidos que derogue la Ley Promesa para dar paso a un proceso justo que conduzca a ejercer como pueblo nuestro derecho a la justicia salarial, un retiro digno, proteger servicios esenciales e impulsar un plan de desarrollo económico sostenible”, indica el documento elaborado por los gremios laborales.
En tal sentido, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores apunta, en conjunto con otros dirigentes sindicales, la debacle que ha significado el organismo impuesto por Washington al impedir que negocien cláusulas económicas en los convenios, lo que ha provocado la congelación de salarios en más de 85,000 empleados públicos y más de 500,000 empleados de la empresa privada durante ocho, diez y doce años.
La JSF también ha derogado, desde el tribunal federal, leyes de justicia social, tales como la Ley 80 de 2020 – Retiro incentivado para empleados públicos, Ley 81 de 2020 – Retiro digno para policías y bomberos, Ley 82 de 2020 – Maestros utilicen su balance de licencia de enfermedad para su retiro, Ley 7 de 2021 – Ley para un retiro digno, Ley 41 de 2022 – Enmiendas a la Ley 4 de 2017, denominada de “Reforma Laboral”, para restablecer ciertos derechos a los empleados del sector privado, como enfermedad, vacaciones, bono de Navidad y tiempo probatorio.
Nieves Torres aseguró que en el Congreso de Estados Unidos algunos tienen la creencia, como Tom Pérez, quien fuera secretario del Trabajo durante la administración de Barack Obama, de que ya hay dos presupuestos balanceados, lo que acorta la vida de la JSF, más recordó que el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert F. Mujica, sostiene lo contrario.
Precisamente, por ese flanco es que espera avanzar en el Congreso y Casa Blanca la coalición sindical puertorriqueña, que ve con horror el desmantelamiento de la educación pública, incluida la estatal Universidad de Puerto Rico (UPR), a la vez que se imponen aumentos en servicios esenciales, como agua y luz, además de los peajes, con el efecto de empobrecer a más de 800 mil empleados públicos y privados, cuyos salarios están congelados.
Nieves Torres aseguró que en enero volverán a la capital de Estados Unidos de una forma más estructurada, ya que esta primera gestión permitió conocer los mecanismos particulares de operación, por lo que esperan que para marzo de 2024 haber concretado objetivos con congresistas demócratas y republicanos. “Esto con una visita no es suficiente para orientar a los mismos que aprobaron la Ley Promesa”, remató.
