DEPRIMIDO Y DEPRESIVO PRESUNTO ACUSADOR DE IRIZARRY PABÓN

Dr. Luis Irizarry Pabón

HA INSISTIDO QUE NO PRESENTÓ QUERELLA CONTRA El ALCALDE

Periódico El Sol de Puerto Rico / Por Agustín Muñoz

Ponce / 12 de octubre de 2023 – El presunto querellante contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, e identifi cado como Jaime Santiago Batiz, apodado Jimmy, se encuentra “deprimido y depresivo” por la situación, pues insiste que supuestamente no tiene nada que ver con el caso.

Amigos de Santiago Batiz están preocupados sobre el estado emocional de “Jimmy” y temen por su seguridad. Santiago Batiz es la persona que supuestamente envió un “email” a la Ofi cina del Contralor Electoral en contra de Irizarry Pabón. Luego esa entidad remitió la querella al Departamento de Justicia (DJ) y éste al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

El pasado 31 de octubre, el PFEI llevó el caso contra el alcalde tras imputarle violaciones a la Ley de ética Gubernamental y al Código Penal. Una jueza encontró causa para arresto, pero fue dejado en libertad. En la denuncia se menciona que Irizarry Pabón obligaba a subalternos en la casa alcaldía y del PPD local a pagarle un préstamo de $50 mil para la campaña electoral del 2020.

El funcionario ha aceptado que realizó el préstamo en su carácter personal, pero ha rechazado la versión de que obligó a otros a pagarlo y ocultar la información al Contralor Electoral. Por su parte, el alcalde ha insistido que el caso es uno motivado por ex subalternos que fueron despedidos de sus puestos al fallarle a su confianza.

En una entrevista concedida a este medio en mayo pasado, Santiago Batiz aseguró que fue utilizado por individuos que en algún momento le tildaron “de loco” y que ahora están solicitando inmunidad en la investigación del caso.

Dijo que le probó al fiscal del DJ que él nunca envió el mensaje de correo electrónico (email) que dio base para la pesquisa contra el alcalde y que su teléfono le fue robado. Sostuvo que no tiene computadora y que la querella fue enviada desde un teléfono celular a través del correo electrónico limpieza@gmail.com, el cual indica que no le pertenece.

En aquella conversación, reveló que antes de la citación inicial por el DJ fue visitado por unas personas que se hicieron pasar por personal de esa agencia y que luego reconoció como empleados del Municipio de Ponce. Indicó que ese dato lo confirmó cuando fue citado oficialmente por Justicia.

Denunció que las personas que identificó como empleados municipales fueron los primeros que le hablaron sobre el “email”.

Citó que el fiscal del caso por el DJ le tomó una declaración jurada y aseguró que la veracidad de su afirmación supuestamente fue confirmada por la División de Crímenes Cibernéticos del DJ. Respondió que el DJ no le proveyó copia de la declaración que prestó, aunque la exigió e incluso dijo que el fi scal “me impuso la ley del silencio” para que no hablara sobre el caso ni “me acercara a la alcaldía”.

Alegan trato hostil

Al día siguiente de la determinación en su contra, el 1 de noviembre, Irizarry Pabón compareció a la Oficina del Fiscal Especial Independiente para el fichaje y toma de fotos correspondiente. Una vez en dicha agencia, trascendió que personal de esa entidad apercibió al alcalde que al salir del lugar solo debía dirigirse a su hogar o a la alcaldía para entregar propiedad municipal.

Al mismo tiempo, se filtró que se le restringieron sus movimientos dentro de esa ofi cina e incluso se impidió que se comunicara telefónicamente con su defensor legal, licenciado José Andrew Fuentes. Se supo que allegados al alcalde de Ponce expresaron su malestar por el trato hostil y violación de los derechos a Irizarry Pabón mientras se mantuvo en las oficinas del PFEI.

Un informante, cuya identidad prefirió callar, dijo que un acompañante del alcalde logró contactar a Andrew Fuentes, quien, sorprendido por la situación, acudió a dichas ofi cinas “y lo sacó de allí”.

Ese mismo día, el FEI resolvió suspender rápidamente de sus funciones a Irizarry Pabón, acto que los abogados del alcalde objetarán en los tribunales al alegar que esa acción violó el debido proceso de ley del ejecutivo municipal. La vista preliminar del caso está programada para el 23 de enero del próximo año.

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