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San Juan, 27 octubre de 2022.- Rafael García Sánchez fue condenado a 12 años y cinco meses de prisión por conspiración para cometer un incendio que culminó con la muerte de una persona, para cobrar un seguro, en hechos registrados en el año 2016 en las instalaciones de la Organización Pro Ayuda a Personas con Impedimentos (Opapi), en Río Grande.
Así lo anunció hoy el fiscal federal W. Stephen Muldrow luego de la investigación realizada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, siglas en inglés).
Según el dictamen, los acusados Rafael García Sánchez, Jean Gabriel García Charbonier y Jesús Torres Lazzu conspiraron para provocar un incendio con la intención de cobrar de manera fraudulenta un seguro.
Rafael García Sánchez solicitó la ayuda de Jean Gabriel García Charbonier, Jesús Torres Lazzu y Christian Aponte Charbonier para incendiar las instalaciones físicas de la Opapi, para reclamar el seguro de la compañía de seguros Universal.
Christian Aponte Charbonier prendió el fuego con la ayuda de su hermano Jean Gabriel García Charbonier y Jesús Torres Lazzu, causando daños al local y a su contenido. Al iniciarse el incendio, Aponte Charbonier sufrió graves quemaduras por las que falleció el 10 de julio de 2016.
García Sánchez presentó una reclamación fraudulenta por 250 mil dólares por los hechos.
El 11 de julio de 2016, Jean Gabriel García Charbonier informó falsamente a los agentes de la Policía de Puerto Rico que Aponte Charbonier sufrió sus lesiones por quemaduras mientras trabajaba con un generador eléctrico en las instalaciones de la Opapi, historia que inventó con Rafael y Raúl García Sánchez.
Raúl García Sánchez fue acusado de un cargo de complicidad después del hecho por ayudar a los otros acusados a montar una escena de accidente con un generador eléctrico dañado por el fuego, y finalmente se declaró culpable de encubrimiento de un delito grave. Jean Gabriel García Charbonier y Jesús Torres Lazzu también se declararon culpables y cumplen penas de prisión por su papel en el esquema.
El fiscal federal adjunto Alexander Alum fue el encargado de procesar el caso.
