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San Juan, 4 de abril de 2022– La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, compareció hoy a una audiencia pública convocada por Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara para deponer sobre la resolución 150, con relación a las invasiones y destrucción de manglares en la Reserva Nacional de Bahía de Jobos, la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico.
La reserva se extiende entre los municipios de Guayama y Salinas y sus terrenos fueron adquiridos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en 1981.
“La Ley es clara sobre el deber ministerial que tiene el DRNA de velar por la protección y uso de los recursos naturales de la Reservas y todos los recursos naturales, la flora y fauna en Puerto Rico. Así también, las agencias federales United State Fish and Wildlife Service (Usfws), NOAA-NMFS, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU (Usace), EPA y el Coast Guard son responsables de la conservación y protección de los recursos naturales en la Reserva y zonas protegidas”, aseguró la primera ejecutiva municipal.
Agregó que “descargando nuestro deber ministerial y reconociendo nuestra limitación legal, hemos planteado en reuniones y visitas a Salinas a los secretarios, funcionarios, comisionados y vigilantes del DRNA diversas situaciones sobre la reserva y otros asuntos ambientales que nos aquejan, como la necesidad de estudios científicos al Acuífero del Sur, la prohibición del depósito de cenizas, violaciones ambientales en la bahía y cayos, leyes de navegación, mayor vigilancia y el manejo de la Reserva Yeyesa y Cerro Planadas”.
Recordó que “una de mis primeras gestiones cuando comencé a dirigir el municipio de Salinas en el 2013 fue comunicarle al entonces gobernador nuestro interés en desarrollar varios proyectos de desarrollo turístico y conservación ecológica en nuestro pueblo de Salinas. Reconociendo el valor ecológico de la Reserva Estuarina Bahía de Jobos, expresamos a la entonces secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) nuestro deseo de colaborar en el mantenimiento y el desarrollo de estrategias ecoturísticas”, señaló Bonilla Colón.
Sin embargo, el DRNA determinó otorgar el acuerdo de colaboración a la organización de base comunitaria Iniciativa de Desarrollo de la Bahía de Jobos (Idebajo).
“Conociendo el compromiso de esta organización, integrada por personas con vasto conocimiento ambiental, entendemos que tienen información valiosa que aportar a esta honorable comisión, por lo que le recomendamos le ofrezcan la oportunidad de expresar sus comentarios. A pesar de las leyes de protección ambiental y conservación de los recursos naturales en Puerto Rico, incluyendo Salinas, se han reportado incidentes en violación a la ley, como el corte de mangle, relleno y construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre”, sostuvo.
A su vez, aseguró que “como entidad local, siempre hemos trabajado de la mano con las agencias estatales, incluyendo el Cuerpo de Vigilantes adscrito al DRNA. No hay récord en las dependencias de seguridad de nuestro municipio, entiéndase la Policía Municipal y la Oficina para el Manejo de Emergencias (OMME), de querellas recibidas por parte de ciudadanos o agencias, de alguna violación o incidente dentro de la reserva”.
No obstante, indicó que “toda información que surge en conocimiento al Municipio es informada y canalizada inmediatamente a través del Cuerpo de Vigilantes. En seguimiento a las informaciones referidas, advenimos en conocimiento de diversas querellas e investigaciones que se han referido a la División Legal del DRNA en la comunidad Mareas, sobre violaciones a las leyes de navegación, zona marítimo terrestre y bosques. Nos consta el trabajo que realiza la división Marítima del Cuerpo de Vigilantes aún sin tener los recursos, pero poco se reconoce su esfuerzo por el DRNA si una vez los casos son sometidos, no se atienden con la premura que amerita”.
Por otra parte, dentro de los esfuerzos interagenciales para garantizar la seguridad en la Bahía de Salinas, dada la gran cantidad de turistas, nautas y áreas protegidas, la Alcaldesa señaló a los legisladores que constantemente sostiene reuniones con las agencias de seguridad, incluyendo la Policía estatal, Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), y los Vigilantes.
“La necesidad de aumentar la presencia del personal de seguridad es un tema constante, adicional a las serias violaciones ambientales, también ocurren accidentes e impacto a la flora y fauna, incluyendo manatíes. Como cuestión de hecho, han fallecido 12 personas en accidentes marítimos en los últimos seis años y se han reportado tres incidentes con manatíes en lo que va de año, uno de éstos fatal. En comunicación enviada al secretario de entonces, Rafael Machargo Maldonado, le expuse estos problemas, y le presentamos recomendaciones, reiterando nuestra disposición para dialogar y cooperar en la seguridad y protección de los recursos”, consignó.
Durante la audiencia pública celebrada en el salón de audiencias 1, la lcaldesa expuso que en relación a la finca de la Reserva no se ha autorizado ningún permiso de construcción y uso para propiedades ubicadas dentro de ésta, ni para propiedades ubicadas a lo largo del Camino del Indio (fuera de la Reserva).
Aseguró que durante estos años, solo se han aprobado dos permisos presentados por el propio DRNA de rectificación de cabida y exclusión categórica.
Bonilla Colón dijo que el DRNA debe “sin dilación, establecer un ‘Task Force’ para intervenir con las violaciones de ley y desalojar a los invasores, conforme lo ha exigido la NOAA desde la publicación del informe en el año 2018, incluyendo al Consorcio CCVS.
“También debe establecer un Plan para realizar el desalojo del área a la mayor brevedad posible y exigirles a los invasores, que paguen por el daño ocasionado para encaminar de forma urgente un plan de mitigación y reforestación. Igualmente, se debe eliminar, rotular y controlar el acceso a la reserva, y aumentar la cantidad efectivos en las Unidades Marítimas y Terrestre del Cuerpo de Vigilantes.
