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San Juan, 7 de marzo de 2022– La Federación de Alcaldes de Puerto Rico se opuso hoy al proyecto cameral 827, que actualizaría el valor de miles de hogares y pretende eliminar la exoneración automática a los dueños de estos para el año 2024.
Gabriel Hernández Rodríguez, presidente de los alcaldes federados, sostuvo que entre las principales razones para oponerse a la medida figura el hecho de que no apoyarán ninguna medida que represente un aumento en impuestos a los contribuyentes.
“El cambio de valoración contributiva a valor del mercado debe ser estudiada con detenimiento para conocer su impacto. En el año 2020, la Junta de Supervisión Fiscal solicitó al CRIM un análisis de impacto sobre las contribuciones ante un cambio de paradigma contributivo de propiedad inmueble a valor mercado y esto se estará rindiendo para comienzos del próximo año fiscal, por lo que entendemos prematura la radicación de esta medida”, indicó Hernández.
El también alcalde de Camuy llamó la atención sobre otros posibles impactos que tendría esta legislación. Entre ellos mencionó que se aumentan las contribuciones en el área metropolitana y se pondría a pagar a personas que estaban exentas. Además, señaló que aumentarían las contribuciones a los que ya pagan y que propiedades similares en materiales y espacio lineal, pero en distinta situación geográfica, terminan con precios muy dispares.
Además, destacó que hay que tener en cuenta la renegociación de moratorias por Covid-19 en préstamos hipotecarios.
“Con la pandemia se dieron moratorias al pago de hipotecas. Ante eso, ahora los bancos están renegociando las hipotecas con los propietarios para cubrir esos pagos dejados de recibir. Con este cambio habría que negociar nuevamente esos acuerdos. Es decir, no solo hay un aumento en pago por razón de la moratoria del Covid-19, sino que con esta legislación ese pago subiría más si aumentan las contribuciones a la propiedad”, explicó.
El alcalde cuestionó si al trabajar en este proyecto se tuvo en cuenta el posible desplazamiento de personas de escasos recursos o pensionados y el impacto a los retirados que viven de rentas de propiedades, ya que les aumentan sus contribuciones sobre las propiedades.
“La Federación apoya la modernización de los sistemas del CRIM y lo que necesitamos es que esta agencia agilice sus métodos de cobro de deudas. Desde la junta de directores vamos a impulsar que esto ocurra. Lo que proponemos es que se mantenga la tasación científica que tenemos ahora”, afirmó.
