Comisión Cameral atiende proyecto que permitirá a Salud investigar irregularidades de las aseguradoras

Periódico El Sol de Puerto Rico

San Juan, PR / 15 de septiembre de 2021 – La Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Higgins Cuadrado, celebró hoy una vista pública para atender el Proyecto de la Cámara 917, que busca crear una Oficina de Investigaciones adscrita al Departamento de Salud, que funcione como centro especializado encargado de utilizar estrategias para prevenir violaciones administrativas o criminales que involucren a la salud pública. 

La medida persigue fortalecer los esfuerzos de fiscalización llevados a cabo por el Gobierno de Puerto Rico sobre el tema de la salud, así como proveer colaboración con las agencias encargadas de la administración de la justicia criminal, tanto en la isla como en los Estados Unidos. 

El director de la Unidad de Investigación de Salud, Jesús Hernández, aseguró que el Proyecto en discusión es amplio y menciona que el Departamento podrá investigar temas sobre salud pública incluyendo a las aseguradoras. “Cuando estamos hablando de salud pública no es únicamente la persona que está tomando algún medicamento o que tiene alguna práctica ilegal a la medicina. ¿Qué pasa en algún tipo de fraude en términos de salud pública que tenga que ver con las aseguradoras? Ese es el terreno ocupado que nosotros tenemos el compromiso de poder investigar”. 

Hernández mencionó que los esfuerzos que realice el Departamento de Salud, de aprobarse el Proyecto, serán en colaboración con el Departamento de Justicia y su Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico (PR-MFCU).

“Aquí parece que los intocables son las aseguradoras de este país. Estoy de acuerdo con este proyecto, pero hay una parte bien importante dentro de las fichas que son las aseguradoras y más aún, cuando esta semana salió una noticia de los PBM, que esos fueron un arte de las aseguradoras del país. Creo que deben ser investigadas por (las aseguradoras) limitar servicios a los pacientes cuando ASES (Administración de Seguros de Salud), le paga mensualmente millones de dólares”, mencionó el representante Juan Oscar Morales Rodríguez en un turno de preguntas.

De aprobarse la medida legislativa, la Oficina de Investigaciones sería un instrumento adicional para investigar y hacer cumplir leyes y reglamentos relacionados con la salud pública. También serviría de apoyo a todos los programas y oficinas del Departamento de Salud, incluyendo las agencias sombrillas adscritas a la dependencia gubernamental. 

A su vez, la legisladora Higgins Cuadrado realizó preguntas sobre los recursos humanos con los que cuenta la Unidad de Investigaciones para absorber las funciones que concretiza el Proyecto. 

“Actualmente, contamos con 83 empleados. 35 de ellos son personal regular, 12 en destaque de otras agencias y el restante son contratos con la empresa Manpower. Con la aprobación del Proyecto, no necesitaremos al momento contratar más personal”, señaló Hernández.

El presupuesto que utiliza la Unidad de Investigaciones en la actualidad es proveniente de las partidas asignadas al Departamento. El memorial explicativo presentado por Hernández destaca que la Oficina también produce sus propios ingresos generados de las solicitudes y renovaciones del Certificado de Registro de Sustancias Controladas de los médicos, farmacias, farmacéuticas, entre otros. 

En vista pública, ASES y el Departamento de Justicia también avalaron la legislación presentada por el representante Carlos J. Méndez Núñez y la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Por su parte, la Oficina del Inspector General (OIG), recomendó que la propuesta legislativa obligue al Departamento de Salud preparar informes trimestrales o semestrales, con el resultado de las evaluaciones e investigaciones que sean realizadas para que pueda ser remitido a una entidad fiscalizadora.

“De esta manera podemos asegurar la rendición de cuentas y medir la efectividad del trabajo realizado y a su vez canalizar cualquier información que requiera hacerse pública o ser referida al Departamento de Justicia federal o estatal, ante la posibilidad de la comisión de delito o fraude”, exhortó la inspectora general, Invelisse Torres Rivera a través de un memorial escrito.

Buscan optimizar las funciones del PR-MFCU

De otro lado, la Comisión de Salud atendió el Proyecto de la Cámara 913, que propone varias enmiendas a la Ley 154 de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios de Puerto Rico, con la meta de que la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico (PR-MFCU) sea autosustentable. 

También, atempera la Ley 154, a unos requisitos específicos solicitados por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos para que, en aquellos casos donde haya recobros estrictamente de Medicaid, el recobro estatal sea elegible para un 10 por ciento adicional. 

Actualmente,el Gobierno de Puerto Rico aporta el 10 por ciento de los fondos operacionales de la Unidad, mientras que el gobierno federal aporta el resto. El director ejecutivo de PR-MFCU, Luis Freyre Borges, mencionó que a partir del 1 de enero de 2022 será requerido una aportación del Gobierno de 25 por ciento y es importante que en los presupuestos esa cantidad esté contemplada. 

“Tomando en consideración los presupuesto de años anteriores, una vez el 25 por ciento esté implementado, esta partida debe rondar en alrededor de $250,000 a $300,000 dólares anuales”, señaló.

Freyre Borges también explicó que el PR-MFCU recobró para el año fiscal 2020 la cantidad de $381,034. “De esa cuantía, se hace la distribución dependiendo de la cantidad de fondos federales que fue objeto de recobro…Lo que hace el Proyecto de la Cámara es que contempla el lenguaje para no dejar provista de fondos a la Unidad, de ese ser el caso”. 

La legislación igualmente avalada por ASES y el Departamento de Salud igualmente considera flexibilizar los requisitos de quién puede ser un delator en los procesos judiciales. De acuerdo al representante de Justicia, el texto actual de la Ley 154 mantiene algunas prohibiciones que limitan esa facultad en los ciudadanos.

Actualmente, en la Ley de Reclamaciones Fraudulentas, el personal, incluyendo contratista, empleado por la Unidad de Fraude al Medicaid, destacado en los Programas de Medicaid y de ASES, operadores del Medicaid Management Information System (MMIS), funcionarios del Programa de Medicaid del Departamento de Salud, entre otros, quedan expresamente prohibidos de ser o considerarse delatores.

“Entendemos necesaria la enmienda propuesta (en la legislación) de eliminar estas restricciones, para así fomentar mayor participación ciudadana en los procedimientos”, señaló Freyre Borges.