Redacción Periódico El Sol de Puerto Rico
El Capitolio, PR / 12 de agosto de 2021 – La Comisión para el Estudio y el Derecho Constitucional de la Cámara de Representantes inició este jueves el proceso de vistas públicas para atender una pieza legislativa que persigue enmendar la Constitución de Puerto Rico para que los nombramientos de los jueces y juezas no recaiga sobre el Gobernador o la Legislatura.
La Resolución Concurrente de la Cámara 8 (RKC 8), de la autoría del representante José “Conny” Varela Fernández, dispone que los nombramientos de todos los jueces y juezas serán regidos por una ley especial. La medida, sin embargo, recibió el rechazo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) en medio de la celebración de la primera vista pública para evaluar el proyecto.
Según la posición de la CAAPR, la aspiración de despolitizar el proceso de nominación y confirmación de jueces y juezas no será atendido con la enmienda que promueve la pieza legislativa, pues consideran que cualquier propuesta para cambiar este proceso de selección debería estar inscrita en la Constitución, en lugar de una ley especial.
De igual forma, señalaron que la redacción del proyecto no incluye los elementos que serán tomados en consideración para que en la ley especial se garantice “la pulcritud y legitimidad cuestionada”. “En términos generales, yo pienso que la intención es buena, pero eso no basta. Se debe evitar cometer errores del pasado”, expresó el licenciado Mark Anthony Bimbela, quien compareció a la vista pública en representación de la presidenta del CAAPR, Daisy Calcaño López.
“Lo que tenemos que asegurar es que en la ejecución realmente se viabilice lo que se aspira, y ese es el mayor defecto que tiene el proyecto hasta ahora”, agregó el abogado.
El CAAPR destacó otros elementos que consideran que podrían lograr una mejor administración y selección de jueces y juezas. Entre ellos, la posibilidad de establecer mediante legislación la carrera judicial como mecanismo para despolitizar la Rama Judicial; la competencia para la elegibilidad al puesto de juez o jueza; la fijación de criterios de evaluación; así como la participación de las escuelas de derecho y organizaciones como la CAAPR en el proceso de recomendación de los nombramientos a la Judicatura.
Asimismo, señalaron que el lenguaje de la medida reproduce lo dicho en la Constitución actual, por lo que incide en “el mismo error o problema” de definir que el mecanismo de selección de jueces y juezas será definido por una ley especial. La RKC 8 establece que la enmienda propuesta será sometida para su aprobación o rechazo a los electores capacitados de Puerto Rico en un referéndum especial que será dirigido por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
“Yo estoy claro en lo que quiero hacer… lo que quiero es despolitizar totalmente, si es posible, la Judicatura”, manifestó Varela Fernández, presidente de la comisión cameral.
“Va a ser difícil quitarle ese poder al Gobernador, pero usted lo ha dicho y ha sido mi posición de que esos mismos candidatos, después de pasar ese proceso (de evaluación), se le presente una alternativa al ejecutivo”, sostuvo el también vicepresidente de la Cámara, en referencia a las diversas opciones que se podrían considerar para el mecanismo de nombramientos de jueces y juezas.
Varela Fernández otorgó un plazo de 60 días a la CAAPR para que convoque un grupo multisectorial para evaluar la propuesta y emitir mayores recomendaciones para la redacción de la medida. Posteriormente, la CAAPR ofrecerá una posición oficial sobre la pieza legislativa.
“Si se enmienda adecuadamente la medida – porque como está la posición del Colegio es oponerse a la misma –, buscando los objetivos que el señor presidente ha señalado, sería extraordinario y sería un servicio de primer orden al país”, manifestó Bimbela.
Por su parte, el Departamento de Justicia (DJ) concurrió con la postura de la CAAPR, principalmente, al recomendar que la enmienda sea realizada en la Constitución y no mediante una ley especial. La agencia aseguró que el mecanismo actual de nombramiento de jueces y juezas es funcional, aunque también reconoció que podría ser mejorado.
“Tal y como está el sistema, ¿usted lo apoya?”, cuestionó Varela Fernández a la licenciada Elba Cruz Rodríguez, portavoz del DJ.
“Ha estado funcionando, pero se puede enmendar”, respondió Cruz Rodríguez sobre la posición del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.
Los representantes Jesús Santa Rodríguez y Denis Márquez Lebrón objetaron las expresiones de la agencia, pues coincidieron en que el mecanismo actual de nombramiento de jueces y juezas no es eficaz.
“Yo creo que, como base, a corto plazo, el sistema que sea tiene que brindar la mayor participación en cuestión de la evaluación del juez o la persona a ser juez”, dijo Santa Rodríguez. “Obviamente, como está funcionando, no está logrando el objetivo que queremos y que tengamos una Judicatura lo más sana posible”.
Márquez Lebrón refutó que su postura no es mejorar el modelo de nombramientos actual, sino que aspira a “transformarlo, revolucionarlo y cambiarlo”.
“Decir que el modelo de nombramiento judicial en Puerto Rico ha funcionado bien es desde la perspectiva del que está en el poder del gobierno, porque ha sido un modelo discriminatorio, injusto y terrible para el país. El discrimen político en los modelos judiciales no es de la década de los 80, década de los 90. Es parte de la historia de Puerto Rico siempre”, denunció el legislador.
La evaluación de la RKC 8 forma parte de un proceso de investigación legislativa que bajo la Resolución de la Cámara 26 (RC 26) busca recomendar y desarrollar una serie de enmiendas a la Constitución.
“Todas las resoluciones que están en nuestra consideración van a ser evaluadas, van a ser estudiadas con mucho rigor. Enmendar la Carta Magna no es fácil. Otros me han dicho que no se debe tocar, pero yo creo que hay que actualizarla a los momentos que vivimos”, puntualizó Varela Fernández.
