Por Agustín Muñoz Santiago
El tema del aborto en Puerto Rico es uno extremadamente controvertible que
muchos lo han convertido en rehén de sus creencias o manifestaciones. Muchos
candidatos a puestos electivos lo utilizan con un lenguaje jeringonza para tratar
de agradar a los opositores y defensores de la práctica anticonceptiva.
Es sabido que el aborto provocado es una práctica legal en la isla producto del
famoso caso federal; Roe vs. Wade. Además de un asunto legal, es un derecho que poseen las mujeres, según se ha establecido. No obstante, los estados o
territorios pueden crear procesos y regulaciones sin que ello viole ni impida el
derecho de las mujeres a un aborto.
Sin embargo, los sectores religiosos condenan ese ejercicio voluntario al
sostener que es moralmente incorrecto y va contra el derecho a la vida. “La
Iglesia Católica ha enseñado consistentemente que el aborto provocado es una
actuación moralmente incorrecta ya que es una violación del quinto
mandamiento ‘no matar’, y representa el más despiadado de los ataques a la vida
humana. Para nuestra fe, toda vida humana es sagrada e inviolable desde su
concepción hasta su muerte natural.
Por ello, la vida humana en el vientre materno no debe estar condicionada en ningún momento. La vida no debe estar condicionada ni a trimestres, ni a la viabilidad fuera del vientre materno, ni si el corazón palpita o no, ni al juicio de un médico. Siendo sagrada la vida humana en todas sus etapas nos oponemos a todos los abortos, sin importar el método”, dice una declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de Puerto Rico.
En 2018, de la autoría de la senadora por Carolina, Nayda Venegas (PNP), se
impulsó el Proyecto del Senado 950 para establecer la "Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida" dentro de los procedimientos de aborto en Puerto Rico. Esa medida, la cual fue vetada por el gobernador Ricardo Rosselló,
exponía que los procedimientos de abortos se realizarían únicamente en
instalaciones hospitalarias autorizadas y solo cuando a la paciente se le
informara sobre el procedimiento a seguir. Proponía un término de 48 horas entre
consulta y procedimiento y que se circunscribiera el aborto a la viabilidad del feto, y a una emergencia médica que pudiera resultar en riesgo de muerte para la
madre.
Igualmente, la iniciativa de Venegas prohibía el aborto luego de las veinte (20)
semanas de gestación, al igual que el procedimiento a menores de edad los
cuales no tuvieran consentimiento de sus padres o una orden emitida por un
juez.
El senador por el Distrito de Ponce y aspirante a la reelección, Nelson Cruz
(PNP), fue uno de los defensores del proyecto de Venegas y justificó esa defensa
al sostener que “creo en el derecho a la vida, creo en Dios y creo en las armas”.
En esa misma línea de pensamiento, pero sin armas, la candidata al Senado por
Ponce por el partido Proyecto Dignidad (PD), licenciada Elaine Arrufat Berastain,
objetó el aborto consentido, aunque sostuvo que respeta la ley, según la
jurisprudencia federal. “El aborto hay que regularlo porque en Puerto Rico no
está regulado”, afirmó.
Lamentó que en la isla no se oriente a las mujeres sobre los extremos del aborto.
“Hay que educar cuáles son las circunstancias en términos generales a las que la
mujer se enfrentaría para que tenga todo el consentimiento informado antes de
realizarse ese proceso”, declaró Arrufat Berastain.
Por su parte, el doctor Danny Ortiz, un Médico de Familia que también aspira al
Senado por Ponce por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), se amparó en el
dictamen federal del 1973 y señaló que en Puerto Rico se permite la terminación
de un embarazo hasta las primeras doce semanas, según las circunstancias.
Contrario a Arrufat Berastain, Ortiz sostuvo que en la isla la práctica del aborto
está regulado y existen clínicas certificadas.
Expresó que como salubrista trabaja para proteger la vida y la salud, “pero
reconozco el derecho que tiene la mujer para tomar una decisión”.
El dirigente del MVC, aunque aclaró que no justifica el aborto, alegó que en
situaciones en las que se detecten malformaciones en el feto pudiera permitirse
la terminación de un embarazo. Mencionó el daño emocional que sufriría la mujer
al conocer que las posibilidades de la criatura que va a engendrar a una vida
buena serían limitadas. Agregó que cada caso hay que analizarlo de manera
particular.
