Por Redacción / Periódico El Sol de Puerto Rico
Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de la Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), opinó hoy que las declaraciones del superintendente Auxiliar en Operaciones de Campo, coronel Reynaldo Bermúdez, relacionado a la alegada compra de 300,000 mil municiones por un solo individuo son una excusa para afectar al ciudadano decente que compra municiones para entrenamiento en un polígono de tiro, practicar el deporte del tiro, la cacería o defensa personal.
Además cuestionó: “¿Qué sucede si un ciudadano particular compra un millón de municiones? ¿Es delito? La contestación es no porque la Ley 404-2000 se lo permite. El problema no está en las armerías, está en el tráfico ilegal de armas y municiones. El tratar de llevar el issue de la incidencia criminal al pequeño y mediano comerciante, es irresponsable”.
El presidente de CODEPOLA explicó que el “Real System” de la Policía de Puerto Rico, utilizado por las armerías para la venta de armas y municiones, permite que transfieran lo vendido a nombre del comprador. Por tanto, cuando la armería entre el número de licencia del ciudadano, tiene pleno conocimiento de los calibres que puede venderle, de acuerdo las armas que tenga registradas bajo su nombre. Si comprase una caja o 20 cajas, la armería las saca de su inventario y se las pasa al comprador.
Torres Meléndez agregó que “cuando la Policía de Puerto Rico realiza una inspección en cualquier armería, cada tres meses aproximadamente, puede identificar cuántas cajas de municiones compró cada persona con licencia de armas por día. “Por ende, lo expresado por el Coronel Bermúdez, de que no pueden saber cuántas municiones compre, es erróneo”.
Manifestó que, si la Policía de Puerto Rico tiene identificado a un comprador de gran cantidad de municiones al año, “¿por qué no le han hecho inteligencia para saber el uso que le dio? Si hacen una simple inspección, las autoridades se darán cuenta de cuántas armerías tienen 300 mil balas de 9mm, 223, de AK47… Ninguna”.
Torres Meléndez añadió: “si usted fuese a practicar al Polígono de Tiro todos los domingos y realiza 250 tiros, eso suma 13,000 tiros. Si dispararas los sábados y domingos, estaríamos hablando de 26,000 disparos. Si dispararas los 365 días del año, incluyendo Viernes Santos, Día de Navidad, etc., serían 91,250 disparos al año, lo que significaría una cantidad mucho menor a la que mencionó el Coronel Bermúdez. Pero si queremos ser más dramáticos, si un ciudadano con licencia disparara 500 tiros diarios cada día, estaríamos hablando de 182,500 balas, jamás llegaríamos a 300,000 mil municiones”.
Declaró que “las armas y municiones en las calles llegan mediante el tráfico ilegal y ellos (Policía) lo saben. ¿Cómo llegan? De la misma forma que llegan los vagones de pirotecnia, por los muelles. Como nota curiosa, en Puerto Rico se han dado varios casos de vagones que llegaron a una megatienda en Puerto Rico con municiones por error, que iban para otra ciudad y cuando verificaron el manifiesto se dieron cuenta que ese vagón tenía otro destino. Eso pasó aquí, no una, varias veces. Ese vagón de municiones llegó al muelle y lo recibieron en la tienda. La pregunta es: ¿Si llegaron esos, los del tráfico ilegal de armas y municiones llegarán?”.
De la misma forma, analizó que “la droga en Puerto Rico está prohibida, pero vemos puntos de venta de drogas en todas las esquinas. ¿Qué está pasando con el Negociado de la Policía que no está atajando ese problema de drogas? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Eso es sin contar que, en Puerto Rico, delincuentes han escalado Comandancias de la Policía y se han robado armas y municiones del ejército de los Estados Unidos. Claramente, vemos una deficiencia del gobierno en custodiar sus propias instalaciones, sin embargo, le pedimos a las armerías requisitos y más requisitos al pequeño mediano comerciante que quiere establecer su negocio de armería, cuando es el mismo gobierno que no puede cumplir con eso”.
Recordó además que, el 19 de diciembre de 2008, el teniente Carlos Cochran Ortiz, quien se desempeñaba como Director de la Sección de Registro de Armas en la sede de la PPR, se declaró culpable de cargos de conspiración por participar en un esquema que permitía que los solicitantes obtuvieran un permiso de arma de fuego proporcionando información falsa. El tribunal de distrito lo condenó a doce meses de prisión. Veintisiete personas más, incluyendo un empleado civil de la Policía fueron arrestados por su participación en la conspiración. “La pregunta es: ¿Esas licencias q se dieron claramente a delincuentes, fueron revocadas? Pues entonces cabe la posibilidad que debido a este caso, muchos criminales se armaron erróneamente y tienen armas y municiones”, concluyó Torres Meléndez.
