Empleados querellantes que participen no serán confidenciales
Por Agustin Muñoz / PeriódicEl Sol de PR
El Gobierno Municipal de Ponce no tiene una proyección de cuánto desembolsará para el cumplimiento del Programa Voluntario para la Identificación de Actividades Tributarias Municipales ni mucho menos una proyección del monto a recaudar por ese concepto. No obstante, la iniciativa aprobada por la Legislatura Municipal está amparada en lograr el ingreso de más dinero al erario mediante la incorporación discrecional de empleados regulares y transitorios afectados por el recorte de su jornada de trabajo.
El estatuto municipal ha encontrado resistencia de la oposición política y también del sector sindical quienes han catalogado la medida como humillante, disparatada y que forzaría a empleados a convertirse en “chotas” o delatores a bajo costo.
Sin embargo, el presidente de la Legislatura Municipal, Rafael Mateu, discrepó de los opositores al sostener que el Programa simplemente persigue “ayudar a aumentar los recaudos, específicamente en el área de permisos”. “El área geográfica de Ponce es enorme y los recursos está limitados para evaluar y ver dónde hay evasión de impuestos. Lo que estamos haciendo es dándole una alternativa a aquellos empleados que, de forma voluntaria, esto no es obligatorio, quieran tener unas bonificaciones”, expuso Mateu. La ordenanza establece una gratificación que oscila entre $10 en la zona urbana y $20 si el objetivo es en el área rural de Ponce “simplemente por reportar el caso”.
Mateu entiende que el pago de bonificaciones por las querellas no viola la prohibición de doble compensación en el gobierno ya que la ley lo permite por ser empleados a media jornada cuya labor para el municipio será en su tiempo libre.
Los empleados que acepten la encomienda deberán registrarse en el gobierno y recibir las instrucciones sobre cómo proceder con sus querellas. Será su deber fundamentar fuera de toda duda que sus denuncias de evasión de contribuciones por falta de permisos de construcción o rotulación son ciertas.
“Ellos no van a intervenir con las personas, ni a cobrar nada, van a tomar una foto y vienen al municipio con la información correcta”, insistió Mateu, quien dijo que luego el personal de la Oficina de Permisos, muchos de cuyos empleados también trabajan a medio tiempo, visitará el lugar detectado y si se confirma, procederá, según la ley. Aparentemente, los voluntarios no estarán cobijados por el manto de confidencialidad al presentar la querella al municipio.
El funcionario aceptó que en Ponce existen “cientos y cientos y cientos” de construcciones fuera de ley que no se traducen en la captación de fondos para el municipio
Un optimista Mateu expresó que la idea del voluntariado ayudará a incrementar el volumen de casos en la Oficina de Permisos y como consecuencia positiva allegar más ingresos que permitirán aumentar las horas de trabajo para los empleados en jornada parcial. No obstante, no pudo ofrecer una proyección de ingresos a través del nuevo Programa ni tampoco la inversión para darle cumplimiento.
“El señor (Gilberto) Claudio me dijo que cuando se apruebe, ya en un mes a mes y medio, podrá tener una proyección de los casos que van a ir fluyendo”, contestó Mateu al citar al jefe de administración del Municipio de Ponce.
